Según informes de medios extranjeros, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha iniciado una nueva ronda de investigaciones de seguridad nacional sobre los camiones de carga media y pesada importados y sus partes, una medida que podría llevar a ajustes arancelarios integrales en la industria de los vehículos comerciales. La investigación, iniciada en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, evaluará si la creciente dependencia de Estados Unidos de los camiones, furgonetas y autobuses de ingeniería fabricados en el extranjero representa una amenaza para la seguridad nacional. Este enfoque investigativo refleja las importantes medidas arancelarias implementadas anteriormente en otros sectores de la industria automotriz.
La investigación mencionada anteriormente cubrirá camiones de más de 10.000 libras, sus partes y productos derivados. Estos vehículos se utilizan principalmente para transportar mercancías en América del Norte, en lugar de las camionetas livianas que comúnmente utilizan los consumidores. El Departamento de Comercio de Estados Unidos declaró que la investigación sobre camiones comenzó el 22 de abril, coincidiendo con otras investigaciones comerciales que abarcan el cobre, la madera, los semiconductores, los minerales críticos y los productos farmacéuticos.
El núcleo de esta investigación radica en la posibilidad de implementar nuevos aranceles de importación, lo que tendría un impacto significativo en países como México, Canadá y Japón, siendo México el país más afectado. Como el mayor proveedor de camiones comerciales a Estados Unidos, México ha triplicado sus exportaciones de camiones comerciales a Estados Unidos desde 2019. México alberga a 14 fabricantes importantes de camiones y autobuses y a dos fabricantes de motores, y el 95 % de los camiones tractoras de México se exportan actualmente al mercado estadounidense.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha extendido el período de comentarios públicos hasta mediados de mayo, con el objetivo de recopilar comentarios sobre si la producción nacional de camiones y partes en Estados Unidos es suficiente para satisfacer la demanda estadounidense. Mientras tanto, los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos también están solicitando opiniones sobre cuestiones como la concentración de las importaciones, los excedentes de producción extranjera y las posibles prácticas comerciales desleales que podrían distorsionar el mercado estadounidense.
Esta última medida sigue a la decisión del presidente estadounidense Trump a principios de este mes de imponer un arancel del 25 % a los vehículos livianos importados. Se espera que los aranceles sobre las partes automotrices importadas se implementen a más tardar el 3 de mayo, una medida que ha generado una fuerte oposición por parte de la industria automotriz. Los representantes de la industria han advertido que esto aumentará los costos y provocará interrupciones en la cadena de suministro de vehículos.
Si Estados Unidos implementa nuevas políticas arancelarias sobre los vehículos comerciales, ejercerá una nueva presión sobre los costos de transporte en un momento en que la administración Trump ha hecho de la reducción de la inflación, en particular de los precios de los bienes de consumo, una prioridad. El aumento de los costos de los vehículos podría repercutir en toda la red de la cadena de suministro, afectando a la logística, a las pequeñas empresas y a los operadores de flotas que dependen de vehículos comerciales económicos.
Los principales fabricantes mundiales de automóviles también pueden verse afectados. Stellantis, que produce camiones Ram pesados y furgonetas comerciales en México, puede enfrentar mayores costos de producción. Mientras tanto, el Grupo Volvo está invirtiendo 700 millones de dólares para construir una nueva planta de camiones pesados en Monterrey, México, y se espera que la planta comience la producción en 2026. Este proyecto también puede verse afectado por la investigación.
Esta investigación añade nuevas incertidumbres al comercio automotriz de América del Norte, lo que obliga a los fabricantes de automóviles a sopesar los mayores costos, los cambios regulatorios y las decisiones estratégicas a largo plazo con respecto a la producción y adquisición de vehículos.
