El 13 de julio (domingo), el Gobierno ecuatoriano y la naciente industria minera se enfrentan en una batalla legal por una polémica tasa anunciada el mes pasado.
La industria cree que la tasa obstaculizará los ingresos fiscales por exploración, y el sector minero ya ha presentado una petición de cancelación ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno afirma que la medida recaudará fondos para combatir la minería informal, beneficiando así a la industria.
"Espero poder presentar mi posición en la audiencia", dijo Inés Manzano, ministra de Energía y Minas.
Este país sudamericano se enfrenta a una creciente amenaza de la minería ilegal. El Gobierno afirma que la nueva tasa generará 229 millones de dólares en ingresos anuales para el organismo regulador ARCOM.
Sin embargo, la industria argumenta que algunas empresas junior de exploración tendrán que pagar tasas más altas que su valor de mercado, lo que limitará su capacidad para explorar más de los vastos recursos de oro y cobre del país. La presidenta de la Cámara, María Eulalia Silva, declaró: "Esto solo hará que Ecuador desaparezca del mapa de inversiones de la región".
(Informe integral de Wenhua)
