Según un informe de Mining Weekly, que cita a Reuters, el Ministerio de Minas de Ecuador anunció el lunes que había lanzado un nuevo sistema de gestión de derechos mineros para atraer más inversiones a proyectos mineros y frenar la minería ilegal, después de que el sistema de derechos mineros del país hubiera estado inactivo durante siete años.
El antiguo sistema de derechos mineros se cerró en 2018 debido a preocupaciones sobre irregularidades, y desde entonces no se han emitido nuevos permisos de derechos mineros.
La ministra de Minas de Ecuador, Inés Manzano, declaró en una conferencia de prensa: "La minería requiere regulación para salvaguardar la inversión y promover un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las comunidades".
El ministerio abrirá el sistema de derechos mineros por fases, comenzando con pequeñas minas no metálicas, como la piedra caliza para el cemento y la arcilla para la cerámica. La siguiente fase se abrirá a pequeñas minas metálicas en septiembre. Otros tipos de mineros podrán acceder a él a principios de 2026.
Manzano dijo que el Catastro Minero Nacional integraría la información sobre derechos mineros de manera transparente y eficiente. La reapertura del sistema de derechos mineros coincide con la regulación de los procesos de concesión de permisos para pequeños mineros no metálicos.
"Hemos refinado las regulaciones y emitiremos documentos normativos para promover el desarrollo saludable de la industria minera", dijo Manzano.
El presidente Daniel Noboa se ha comprometido a combatir a las bandas de narcotraficantes e impulsar el desarrollo económico. Ordenó la reanudación del registro de derechos mineros en octubre, tal como se estipula en la nueva ley minera, y también pidió medidas contra la minería ilegal de oro.
Ecuador extrae principalmente cobre, oro y plata, y el valor de las exportaciones minerales superó los 3.000 millones de dólares el año pasado. A pesar de sus abundantes recursos minerales, el país está rezagado respecto a otras naciones andinas como Perú y Chile en la minería a gran escala, principalmente debido a la oposición de las comunidades indígenas y a fallos judiciales desfavorables.
El Gobierno de Noboa ha propuesto una nueva ley minera, que ha enfrentado una fuerte oposición de la asociación minera del país.
El lunes, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, dijo a los periodistas que las tarifas dependerían de la escala y el tipo de proyectos mineros, y que se estaba manteniendo un "diálogo abierto" con los representantes de la industria.
